INCUMPLE EL ESTADO MEXICANO SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE EN CASO ACUEDUCTO INDEPENDENCIA CONTRA LA TRIBU YAQUI

• Hasta el momento no ha dejado sin efecto la autorizaci�n de impacto ambiental, lo cual implica suspender la construcci�n y operaci�n del Acueducto Independencia en Sonora.
• El caso evidencia la discriminaci�n hacia pueblos ind�genas y ser� denunciado ante las Naciones Unidas.

Representantes de las autoridades tradicionales del pueblo de Vicam, primera cabecera de los ocho pueblos de la tribu yaqui, denunciaron p�blicamente que el Estado mexicano ha incumplido la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n (SCJN), pues no ha dejado sin efecto la autorizaci�n de impacto ambiental, lo cual implica que la construcci�n y operaci�n del Acueducto Independencia en Sonora debe detenerse hasta que se haya realizado la consulta a la tribu yaqui.

Hasta el momento, incumpliendo el mandato del m�s alto tribunal de la Naci�n, contin�a la construcci�n del Acueducto en violaci�n de los derechos humanos de los pueblos ind�genas, puesto que en la sentencia se reconoce la obligaci�n del Estado mexicano de realizar actos para garantizar y respetar sus derechos.

Los actos del Estado mexicano demuestran una clara discriminaci�n hacia la tribu yaqui, lo cual ser� objeto de denuncia ante la Organizaci�n de las Naciones Unidas.

"La tribu yaqui est� compuesta por 45 mil personas, distribuidas en ocho pueblos y 56 localidades. El gobierno dice que Hermosillo tiene sed cuando nosotros hist�ricamente hemos tenido sed aqu� en esta tierra. A  la fecha ning�n miembro de la tribu yaqui tiene agua potable y s�lo 30% de la poblaci�n cuenta con agua entubada sin tratamiento", se�al� Mario Luna, secretario ejecutivo de la tribu yaqui.

El incumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte pone en riesgo la democracia, a las instituciones mexicanas y al Estado de derecho, puesto que abre la puerta para que cada autoridad act�e fuera del marco legal y del pacto federal.

Para no cumplir con su obligaci�n de acatar los mandamientos judiciales y quitar los permisos ambientales a la obra, la Secretar�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se escuda en una suspensi�n dictada por el ministro Pardo Rebolledo aunque �sta expl�citamente se�ala que "esta medida cautelar no surtir� efectos en caso de que los actos que se pretendan ejecutar tengan como sustento alg�n mandato judicial".

"Se est� incumpliendo una sentencia definitiva del m�ximo tribunal en el pa�s y eso, adem�s de ser grave para el caso de la tribu yaqui, supone atacar las estrutcturas del estado constitucional pues se ataca las divisi�n de poderes, la independencia del poder judicial y supone un mensaje en el que el poder ejecutivo se coloca en una situaci�n de poder absoluto, un poder sin control y adem�s, se viola el derecho a la tutela judicial efectiva", se�al� Rodrigo Guti�rrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jur�dicas de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico (UNAM).

La sentencia de la Suprema Corte, dictada el 8 de mayo pasado, resulta un hecho hist�rico puesto que hace un reconocimiento del derecho de consulta, informaci�n y participaci�n de los pueblos ind�genas en todas las obras de infraestructura que afecten sus derechos naturales y sus territorios.

"La decisi�n de la Corte resulta in�dita para la protecci�n de los pueblos ind�genas, dado que incorpora est�ndares contenidos en tratados internacionales firmados por M�xico desde hace d�cadas. Por tanto, resultar�a lamentable que no se cumpliera siendo que este tipo de problem�tica de violaciones de derechos humanos en contra pueblos ind�genas en el caso de megaproyectos se replica a lo largo del territorio nacional", dijo Jos� Rosario Marroqu�n, director del Centro Pro Derechos Humanos, Miguel Agust�n Pro Ju�rez. 

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