EL PROCESO JUDICIAL: UN CASO CRIMINAL (PARTE II) 

Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

En el artículo pasado discutimos a grandes rasgos las primeras etapas del procedimiento judicial en un caso de naturaleza penal. En este artículo trataremos el elemento más importante en el procedimiento criminal: El juicio. 

En el juicio el Ministerio Público deberá presentar toda la evidencia con que cuente para demostrar la culpabilidad de la persona acusada. El acusado o acusada es culpable solamente cuando se prueba más allá de duda razonable y fundada que cometió todos los hechos imputados en la acusación y que estos a su vez están prohibidos por una ley penal. 

La necesidad de que se pruebe el caso más allá de duda razonable es una de las garantías o derechos ciudadanos más importantes, pues nos protege a todos para que no se nos encarcele con prueba insuficiente sobre un supuesto delito. 

En Puerto Rico contamos con la presunción de inocencia. Bajo este derecho, toda persona se considera inocente hasta tanto el Estado demuestre lo contrario, de manera que si no se puede presentar evidencia suficiente que demuestre que la persona acusada ha cometido el delito, aunque éste último no presente ninguna defensa a su favor, deberá ser absuelto y puesto en libertad. Los acusados no tienen la obligación de presentar pruebas de defensa ni declarar. Es el Ministerio Público quien tiene la obligación de presentar la evidencia y demostrar la culpabilidad del acusado o acusada. 

En los casos de delitos menos graves los juicios se celebran ante un juez o jueza del Tribunal de Primera Instancia quien será el único juzgador de los hechos que se le presenten y tendrá a su cargo la absolución o culpabilidad de la persona acusada y la imposición de la pena correspondiente. 

En los casos de delitos graves, los juicios se celebran ante jueces o juezas del Tribunal de Primera Instancia y la persona acusada tiene derecho a ser juzgado por doce personas de la comunidad en que reside, que se conocen con el nombre de Jurado. Las personas que participan como jurados en los distintos tribunales del país son seleccionadas mediante sorteo entre los residentes del distrito judicial correspondiente. 

Si una persona es llamada a servir como jurado, tiene que atender inmediatamente tal encomienda. De existir razones de cardinal importancia que le impidan desempeñarse como jurado, la persona deberá acudir a la citación y cumplir con el proceso de ley para que se acredite su imposibilidad de servir como jurado. 

El Jurado tiene la responsabilidad de evaluar la prueba que desfile ante ellos y emitir un veredicto de absolución o culpabilidad. Para que exista un veredicto de absolución o culpabilidad en los casos que se ventilan ante Jurado, deberán concurrir en dicho resultado al menos nueve de las doce personas que lo componen. 

La celebración de un juicio por Jurado es un derecho del acusado o acusada, y como tal, puede ser renunciado. Si la persona renuncia a su derecho a que se ventile el juicio por Jurado, una vez aceptada la renuncia por el tribunal, el juicio se ventilará ante el juez o jueza que presida la sala quien emitirá el fallo que corresponda. 

En muchas ocasiones el acusado ha negociado una alegación de culpabilidad preacordada. Para que el juez o jueza pueda aceptar la alegación tienen que proceder a tramitar la renuncia al derecho constitucional al Jurado. Este proceso debe garantizar que la renuncia por el acusado es voluntaria e inteligente, es decir, con pleno conocimiento de sus consecuencias. 

Una vez el tribunal acepta la renuncia al derecho al Jurado, entonces puede escuchar al acusado hacer su alegación de culpabilidad y dictar la sentencia en ese momento o señalar el acto de dictar sentencia para una fecha posterior en que se pueda contar con un informe presentencia para evaluar la posibilidad de conceder el derecho a una sentencia suspendida. Es decir, lo que se conoce comúnmente como una probatoria.

Emitido el fallo por el Tribunal o el veredicto por el Jurado, según sea el caso, si estos son de absolución, la persona será puesta en libertad. En caso de fallo o veredicto condenatorio, será dejada en libertad en espera de la sentencia si se cumplen algunos requisitos, o será ingresada de inmediato a una institución penal en lo que se dicta la sentencia que establecerá la pena correspondiente. Esto ocurre siempre en los casos en que no existe derecho a una sentencia suspendida. 

Si existe derecho a una sentencia suspendida, el tribunal puede dejar en libertad bajo fianza a la persona pendiente el resultado del informe del oficial sociopenal del Departamento de Corrección quien, luego de una investigación, hará una recomendación sobre si la persona tiene derecho a disfrutar el privilegio de una sentencia suspendida.

Es preciso aclarar que en la mayoría de los casos por delitos menos graves una vez termina el juicio y se encuentra culpable a la persona, el Tribunal dicta sentencia inmediatamente. En los casos de delitos graves y en algunos procedimientos especiales por delitos menos graves, el Tribunal, una vez encuentra culpable a la persona, deberá señalar el acto de dictar sentencia para una fecha posterior. Previo a la celebración de dicho acto, funcionarios del gobierno llevarán a cabo una investigación en torno a la persona culpable, a las circunstancias que dieron lugar a la comisión del delito y a otros elementos pertinentes, para determinar si la persona cualifica para recibir los beneficios de una Sentencia Suspendida. Esto es, que la persona podría extinguir la pena de cárcel que se le imponga en la libre comunidad. Claro está, una persona a quien el Estado le confiere tales beneficios deberá mantener una conducta excelente, de lo contrario, si comete algún acto delictivo nuevamente, tendrá que extinguir la totalidad de la pena de cárcel impuesta sin importar cuánto tiempo ya haya extinguido en la libre comunidad.

Si luego de que se dictó la sentencia la persona culpable no está conforme, puede pedir al Tribunal de Apelaciones que la revise o revoque por los fundamentos que estime le asisten en Derecho. Bajo el esquema de los Tribunales de Puerto Rico, un caso criminal podría llegar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América pasando por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, si se cumplen una serie de requisitos, particularmente que se alegue y argumente una violación de los derechos contenidos en la Constitución Federal. 

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