Uno de los puntales de nuestro sistema de administraci�n de justicia es el profesional que conocemos con el nombre de abogado o abogada. Estas son las personas que el Estado autoriza, previo cumplimiento de varios requisitos, a representar los intereses y defender los derechos de los dem�s.

Los aspirantes a la pr�ctica de la abogac�a deben completar un bachillerato y tres a�os de estudios especializados en Derecho en una facultad reconocida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Estado tiene un inter�s muy alto en garantizar la competencia de los profesionales del Derecho. Por esta raz�n, estableci� un examen de acceso profesional que se conoce como la rev�lida que es administrado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico dos veces al a�o.

Luego de aprobar la rev�lida y antes de que el profesional de la abogac�a preste el juramento que le autoriza a ejercer su profesi�n, debe pasar el crisol de un Comit� de Reputaci�n que evaluar� las cualificaciones �ticas y morales para ejercer la profesi�n jur�dica. Este Comit� publica un edicto en los peri�dicos para que cualquier persona pueda exponer razones justificadas por las cuales entienda que el aspirante no debe admitirse al ejercicio de la profesi�n.

Los abogados pueden realizar estudios adicionales a los requeridos para ejercer la profesi�n. Entre estos estudios se encuentran seminarios y conferencias que ofrecen los programas de educaci�n continua de las facultades de Derecho y el Colegio de Abogados, el grado de Maestr�a en Derecho (LL.M.) o el grado de Doctorado en Derecho (J.D.). Estos estudios adicionales permiten que se mantengan al d�a en los nuevos desarrollos del Derecho, les cualifican para ser profesores o profesoras en las facultades de Derecho y les ofrecen la oportunidad de profundizar en �reas especializadas.

En cuanto a las funciones del abogado, se puede decir que existen dos grandes �reas de competencia. La primera es el �rea del Derecho civil o las leyes que reglamentan las relaciones y negocios entre los ciudadanos. Bajo esta �rea se interviene para la resoluci�n de controversias de puro inter�s privado como lo son las acciones o demandas de da�os y perjuicios, divorcios, los cobros de dinero, relaciones de familia, etc.

Otra de las funciones del profesional del Derecho en el campo civil es la notar�a. Solamente los abogados pueden ejercer la notar�a. La notar�a reglamenta lo establecido en ley para los actos y contratos entre ciudadanos. La intervenci�n del notario permite que se traspasen los bienes muebles e inmuebles y que puedan inscribirse en los registros estatales que existen para garantizar la confiabilidad de dichas transacciones. La intervenci�n del notario le da confiabilidad y autenticidad a los documentos que autoriza. Entre los documentos que se autorizan est�n los affid�vits, conocidos com�nmente como declaraciones juradas, y las escrituras p�blicas, entre las que se encuentran los testamentos, contratos de compraventa, contratos de donaci�n, segregaci�n de terrenos y las actas notariales.

La segunda gran rama de trabajo del abogado es el �rea del Derecho p�blico o las leyes que reglamentan principalmente las relaciones del gobierno con los ciudadanos. Dentro de esta rama se destaca el Derecho Penal o el que establece cu�les son las conductas da�inas para la sociedad y que dispone las penas que deben cumplir los que incurran en delito.

En dicho �mbito los profesionales del Derecho intervienen como fiscales o como abogados defensores; los primeros en representaci�n del Estado Libre Asociado para acusar y los segundos en la defensa de los derechos de los acusados. Tambi�n es importante en esta �rea el tr�mite en las agencias gubernamentales que reglamentan ciertos aspectos de la convivencia ciudadana. Entre �stas podemos mencionar el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), la Junta de Calidad Ambiental y la Oficina de Gerencia de Permisos(OGPE).

La funci�n profesional del abogado no se limita a la litigaci�n en los tribunales o en las agencias gubernamentales, sino que tambi�n asesora a la poblaci�n, corporaciones o entidades para que puedan cumplir con las leyes aplicables a sus intereses o necesidades para evitar de esa forma problemas o conflictos.

Si el abogado tiene la oportunidad de informar a sus clientes, en las etapas tempranas del problema o asunto que deben atender, cu�l es el curso de acci�n que deben tomar, se pueden evitar en gran medida las controversias judiciales.

Por esta raz�n, es fundamental para una sociedad ordenada que las personas que tengan dudas en cuanto a determinado curso de acci�n o que prevean conflictos o controversias, consulten a tiempo a su abogado de preferencia, pues con este podr�an evitar situaciones futuras que impliquen serios gastos y dilaciones innecesarias.

Si tiene duda sobre este tr�mite no dude en comunicarse con las oficinas del Bufete Emmanuelli, C.S.P. al 787-848-0666. www.bufete-emmanuelli.com