Sobre los hombros de las juezas y jueces descansa la ardua y compleja labor de adjudicar controversias. Son hombres y mujeres que merecen el m�s alto respeto y admiraci�n por estar dedicados en cuerpo y alma a una de las tareas m�s delicadas de la actividad humana: impartir la justicia. 

 Por ser una tarea tan importante en nuestra sociedad, existe una reglamentaci�n muy estricta sobre la conducta y ejecuci�n de los jueces y juezas. Adem�s de todas las leyes generales que reglamentan la conducta de todos los ciudadanos y las especiales para las abogadas y abogados, existe un cuerpo de leyes muy particular conocido como los C�nones de �tica Judicial de 2005. 

Este cuerpo jur�dico intenta reglamentar detalladamente cu�les son las actuaciones permitidas y las no prohibidas a los profesionales de la judicatura. Estos c�nones aplican tanto a los Jueces y Juezas del Tribunal Supremo, del de Apelaciones, del de Primera Instancia y a los Municipales.

Los tribunales deben mantener la fe del pueblo en la justicia, como valor esencial de la democracia, mediante los m�s altos niveles de la responsabilidad p�blica y con actuaciones que respondan a normas de conducta que honren la integridad e independencia de su ministerio y estimulen el respeto y la confianza en la judicatura. Para que el juez o jueza pueda realizar estas funciones debe ser laborioso, con independencia de criterio, puntual, humano, prudente, sereno, imparcial y cuidadoso en la interpretaci�n de la ley, estar consagrado al estudio del derecho y ser diligente en el empe�o de descubrir los hechos esenciales de cada controversia.

El juez o jueza no solamente debe ser imparcial, sino que su conducta ha de excluir toda posible apariencia de que es susceptible de actuar a base de personas, grupos o partidos, o de ser influido por el clamor p�blico, por consideraciones de popularidad o notoriedad, o por motivaciones impropias. Por esta raz�n, es que se parafrasea la gran sentencia hist�rica sobre la esposa del C�sar para decir que el juez o jueza no solamente debe ser imparcial y honesto, sino que tambi�n debe parecerlo. 

 La jueza o juez ha de tener siempre presente que su �nico empe�o debe ser el impartir justicia de conformidad con el derecho aplicable, con absoluta ecuanimidad y sin preocuparle el reconocimiento que pueda darse a su labor, o la cr�tica injusta.

Como los jueces realizan su labor decidiendo qu� partes o personas tienen la raz�n en las controversias, sus actuaciones y decisiones deben ser lo m�s ecu�nimes posibles. Por esta raz�n, las juezas y jueces deben ser considerados y respetuosos con los abogados y abogadas, especialmente con aquellos que comienzan a ejercer la profesi�n. Adem�s, deben serlo tambi�n con los testigos, jurados, los funcionarios del Tribunal y todos los que comparezcan ante �l. Las juezas y jueces debe velar porque los trabajos del tribunal se realicen con orden y decoro y deben intervenir para impedir cualquier conducta impropia de las partes, los abogados, abogadas o cualquier otra persona y tomar la acci�n que en su discreci�n proceda de acuerdo con la ley, los c�nones de �tica y las mejores tradiciones del sistema judicial. 

La jueza o juez mantendr� su actitud general, sus manifestaciones y el tono de su voz dentro de la debida propiedad y circunspecci�n sin mostrar impaciencia o severidad excesiva. Tampoco har� comentarios ni gestos ajenos al proceso judicial, entendi�ndose y comprendidos dentro de esta provisi�n aquellos comentarios, expresiones o gestos que envuelvan burla o mofa; ni ridiculizar� de modo alguno los abogados, las partes, los testigos, los funcionarios del tribunal u otras personas que a �l acudan. 

La fe de nuestro sistema judicial depende en gran medida de que las juezas y jueces tengan el comportamiento y actitud correcta ante las personas que comparecen ante ellos a reclamar justicia. Quien cometa un atropello contra alguna parte que le reclame justicia o contra su representante falta a su deber, por lastimar la imagen que debe tener la sociedad sobre la justicia y, porque con esa conducta en vez de sanar las heridas que crea el proceso contencioso o litigioso, las ahonda m�s.

Los C�nones de �tica del 2005 contienen muchas salvaguardas para que los jueces y juezas no se involucren en actividades o relaciones que puedan afectar su desempe�o judicial o dar la apariencia de conducta impropia. Sin embargo, no es posible aislarlos de sus or�genes sociales, econ�micos y pol�ticos. El hecho de que para su nombramiento interviene el criterio pol�tico partidista y que no cuentan con nombramiento vitalicio, por lo que en el caso de quienes componen al Tribunal de Primera Instancia, su nombramiento vence en 12 a�os, los somete a presiones muy duras. Estas presiones se traducen, en no pocas veces, en decisiones inexplicables, particularmente en los casos contra funcionarios gubernamentales o l�deres pol�ticos. 

En Puerto Rico la arena pol�tica invade todos los reductos de acci�n social y la judicatura no es excepci�n. S�lo con una reforma gubernamental para proteger de la pol�tica al sistema de nombramientos y permanencia de los jueces y juezas, se podr� aliviar en alguna medida estos descarr�os de la Justicia. Mientras esto no ocurra, lamentablemente, cuando se trate de un caso contra un pol�tico, la primera pregunta ser� qui�n nombr� al juez o jueza. La presunci�n es, lamentablemente, que la balanza no estar� en el fiel.

Al igual que lo que ocurre con los abogados y abogadas, si alguna persona tiene una queja fundada sobre la conducta de un juez o jueza que atente contra la imagen que deben guardar conforme a los C�nones de �tica, puede recurrir a las autoridades competentes para que se inicie una investigaci�n que pueda dar una conclusi�n al asunto.

 Afortunadamente, en Puerto Rico la mayor�a de las juezas y jueces son ejemplares que cumplen cabalmente con las exigencias de ley y la �tica en el desempe�o de sus funciones. En gran medida a ello se debe la estabilidad y funcionamiento de nuestro sistema democr�tico de Gobierno y de impartir la justicia. Una importante raz�n para que se le tenga el m�s hondo agradecimiento y respeto.

Ponce -  Reestructuraci�n de los Negocios para Enfrentar la Crisis es el t�tulo del nuevo libro electr�nico (e-book) publicado por la firma de abogados y notarios de Ponce, Bufete Emmanuelli, C.S.P. y su editorial Del Derecho y del Rev�s, que expone de forma clara las medidas generales y espec�ficas que pueden tomar las empresa para lidiar con la crisis econ�mica. As�lo inform�el licenciado Rolando Emmanuelli Jim�nez, presidente de Bufete Emmanuelli.

"El texto es una gu�a b�sica jur�dica para oficiales y gerentes de empresas que presenta recomendaciones generales para actuar en la reestructuraci�n de los negocios o para entender los procesos que se tengan que llevar a cabo con el auxilio de otros profesionales o expertos", explic�Emmanuelli-Jim�nez. 

La obra, de la autor�a del Lcdo. Rolando Emmanuelli Jim�nez y de la CPA y abogada Yasm�n Col�n Col�n, discute adem�s las posibilidades de reorganizaci�n sin quiebra y enfatiza particularmente el proceso de quiebra bajo el Cap�tulo 11 del C�digo de Quiebras Federal. La publicaci�n es la primera de una serie dirigida a abogados y personas legas que lleva el nombre de Compendios de Derecho Puertorrique�o.

El texto est�redactado en lenguaje sencillo para su cabal comprensi�n tanto por individuos que manejen negocios personales, como por ejecutivos y directores de empresas medianas y grandes.  El libro puede obtenerse en el portal de Amazon.com, edici�n para Kindle y en la tienda de Ibooks de Apple, edici�n para Ipad.

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Bufete Emmanuelli, C.S.P. es un estudio de abogados y notar�a que ofrece servicios de asesoramiento multidisciplinario para la reorganizaci�n de las operaciones de empresas o negocios personales que cualifiquen, negociando con sus acreedores o mediante la quiebra bajo el Cap�tulo 11 de la Ley Federal.

Todos los s�bados a las 7 de la ma�ana, y los domingos a las 7 de la noche por WPAB 550 en el cuadrante de su radio en Puerto Rico.

Mediante an�lisis y entrevistas a personalidades y expertos en los temas, impulsaremos proyectos alternativos socio-econ�micos que fomenten el crecimiento y bienestar del pa�s.

Esto lo lograremos mediante la identificaci�n y asesoramiento de la inversi�n interna, externa, p�blica y privada, desde la perspectiva de la solidaridad, que pueda responder a las necesidades sociales de

Puerto Rico.

Por WPAB 550 en el cuadrante de su radio.

Tambi�n puede ver la edici�n en video del programa en la siguiente direcci�n: www.youtube/remmanuelli