Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

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En Puerto Rico existen disposiciones que establecen cursos de acción cuando estamos inconformes con una decisión de una agencia administrativa o de un tribunal. Los tribunales que en nuestro ordenamiento jurídico atienden estos trámites son el Tribunal de Apelaciones, el cual es un tribunal intermedio creado por ley, y el Tribunal Supremo que tiene su base en la Constitución de Puerto Rico.

 

¿Por qué existen tribunales apelativos? Existen para corregir los errores que cometen los demás tribunales o agencias administrativas.

 

No debemos perder de perspectiva que las decisiones son tomadas por seres humanos y errar está en nuestra naturaleza. Por tanto, existen formas de salvaguardar el derecho constitucional a un debido proceso de ley, para que la parte que entienda que fue perjudicada por una sentencia o una resolución pueda recurrir ante un tribunal de mayor jerarquía, compuesto por más de una persona, y fundamentar los errores que entiende que a su juicio se cometieron. 

 

El Tribunal de superior jerarquía puede hacer tres cosas: a) confirmar la decisión del tribunal inferior, entendiendo que los errores que se alegan no se cometieron. También puede decirse que el tribunal revisor está de acuerdo con el resultado, aunque no con los fundamentos; b) revocar la decisión si entiende que la parte que plantea los errores tiene razón de acuerdo al estado de derecho vigente o la prueba presentada; o c) modificar la decisión del tribunal inferior, que implica que está de acuerdo con parte de la decisión del tribunal inferior.

 

Los recursos apelativos principales se denominan Certiorari y Apelación. El recurso de Certiorari se presenta generalmente cuando una parte de un pleito no está conforme con una resolución interlocutoria del tribunal. Cuando hablamos de "Resolución" nos referimos a que el tribunal ha emitido un dictamen que ha resuelto una controversia del caso, pero no el pleito en su totalidad. El tribunal de superior jerarquía tiene alta discreción en determinar si va a revisar la decisión del tribunal inferior. Por el contrario, cuando el tribunal inferior dicta sentencia en un caso, poniendo fin al pleito en su totalidad, la parte afectada tiene derecho a presentar un recurso de Apelación. A diferencia del Certiorari, cuando se radica una Apelación, el Tribunal de Apelaciones está obligado a revisar esa decisión. 

 

Antes de presentar un recurso apelativo, la parte perjudicada por la determinación del Tribunal de Primera Instancia puede presentarle una moción de reconsideración dentro de los 15 días de archivada en autos la notificación de la sentencia. El Tribunal debe considerar la moción. Una vez resuelta, comienza a transcurrir el término para recurrir al Tribunal de Apelaciones.

 

Las partes inconformes con una resolución u orden, o con una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, tienen un término de treinta (30) días desde el archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia o de la resolución declarando no ha lugar la moción de reconsideración, para presentar un recurso de Certiorari o de Apelación, según sea el caso, ante el Tribunal de Apelaciones. En el caso de las sentencias de casos del Tribunal de Primera Instancia en que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus funcionarios, instrumentalidades (que no sean corporaciones públicas) o municipios sean parte, se presentará una Apelación o Certiorari, pero esta vez el término es de sesenta (60) días a partir del archivo en autos de copia de la notificación.

 

Cuando una parte recibe una resolución o sentencia que le perjudica, debe reunirse con su abogado o abogada para discutir el curso a seguir y las probabilidades de éxito de un Certiorari o Apelación. Debe recordar que en muchos contratos de servicios profesionales no se incluyen los trámites apelativos. Por tanto, debe discutir detalladamente los nuevos honorarios.

 

En casos criminales, las sentencias finales se revisan mediante el recurso de Apelación excepto en los casos de condena por alegación de culpabilidad, en los cuales procederá únicamente un recurso de Certiorari discrecional ante el Tribunal de Apelaciones. En ambos casos, el recurso se presentará dentro de los treinta (30) días siguientes al archivo de copia de la notificación.

 

De acuerdo con el orden jerárquico apelativo descrito, la parte inconforme con las determinaciones del Tribunal de Apelaciones puede recurrir ante el Tribunal Supremo. 

 

Se puede radicar una Apelación dentro del término de treinta (30) días a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia en dos circunstancias: a) cuando el Tribunal de Apelaciones emite una sentencia final declarando inconstitucional una Ley, resolución, regla, reglamento u ordenanza municipal al amparo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la de Estados Unidos de Norteamérica; b) cuando el Tribunal de Apelaciones emite una sentencia que contradice alguna sentencia previa del mismo tribunal. 

 

En términos generales, cualquier otra sentencia final del Tribunal de Apelaciones se revisará en el Tribunal Supremo, por medio de un Certiorari que se presentará dentro de los treinta (30) días contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia o la resolución que declaró sin lugar una moción de reconsideración presentada ante ese foro. 

 

En el caso de las sentencias de casos que provienen del Tribunal de Apelaciones en que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus funcionarios, instrumentalidades (que no sean corporaciones públicas) o municipios sean parte, se presentará una Apelación o Certiorari, pero esta vez el término es de sesenta (60) días a partir del archivo en autos de copia de la notificación.

 

Por otro lado, si lo que se va a revisar es una decisión final de una agencia administrativa, hay que acudir ante el Tribunal de Apelaciones dentro del término que disponga la propia Ley habilitadora de la agencia, o en su defecto, es necesario recurrir a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme que generalmente dispone de un término de treinta (30) días para formalizar el recurso de Revisión Administrativa. También en estos casos, la parte perjudicada tiene la opción de presentar una moción de reconsideración ante la agencia pertinente y el término para recurrir mediante revisión administrativa al Tribunal de Apelaciones comenzará a transcurrir luego de que la agencia resuelva la moción de reconsideración. 

 

 

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Rolando Emmanuelli Jiménez es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com 

 

 

  

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