Personal de la escuela - en especial los directores y los que admiten los estudiantes - deben ser conscientes de que no tienen la obligación legal de hacer cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos.
Esta decisión es vital porque las prácticas que niegan o desalientan a los niños y familias inmigrantes de la escuela pública resultan en lo siguiente...
* ...son niños indefensos - Los niños de los trabajadores indocumentados son indefensos y esperan la protección de una ley justa y compasiva. Ellos no eligieron venir a este país o las condiciones en que están en los Estados Unidos. No es justo castigar a un niño indefenso; es mas, tiene derecho a aprender y ser útil a la sociedad.
* ...es contraproducente para el país - El negar a estos niños el acceso a la educación no elimina la inmigración ilegal, sino que crea una subclase económica en el país. Aumentarán las tasas de analfabetismo y se reducirá la participación de éstos en las comunidades donde viven. Según investigaciones, cada dólar que se invierte en la educación de estos niños tiene un rendimiento de por lo menos nueve dólares en beneficios para el país.
* ...es tiempo valioso que se pierde cuando perdemos la meta principal de la escuela - Se pierde mucho tiempo, que se podría emplear mejor en la educación de estos niños, cuando los educadores se enfocan en determinar la ciudadanía de cada estudiante. Esa no es la responsabilidad del educador. El educador conciente de su responsabilidad no tiene el tiempo ni debe permitir que se le agregue esta responsabilidad.
* ...cuidado con la información incorrecta - La distribución de suposiciones y cifras incorrectas ha causado mucho daño y ha creado un ambiente de incertidumbre y fricción entre grupos de ciudadanos.
* ...impulsan el racismo y la discriminación - Estamos viviendo en una época de mucha discordia y dificultades económicas en este país. La preocupación por el estatus migratorio de los hijos de trabajadores indocumentados es una forma de discriminación y racismo.
A raíz de la decisión Plyler vs. Doe, las escuelas públicas no pueden:
- interrogar a estudiantes o padres con la intención de obligarlos a exponer y revelar su situación de indocumentados;
- negarle la matrícula a un estudiante basándose en su situación legal y/o inmigratoria, ya sea a principios del curso o durante el año escolar;
- tratar a un estudiante en forma desigual verificando la situación de residencia;
- promover prácticas cuyo resultado es negar el derecho de acceso a los servicios escolares, tales como requerir licencias de conducir de los padres para registrar a su niño;
- requerir que un estudiante o sus padres revelen o documenten su situación inmigratoria;
- exigir que un estudiante obtenga un número de seguro social como requisito de admisión a la escuela.
