| 10 de mayo de 2020. San Juan, Puerto Rico - Tras la publicación del informe de la Comisión de Salud que investiga la compra de pruebas COVID-19, el representante independentista, Denis Márquez Lebrón, divulgó hoy su informe que concluye, entre otras cosas, que las acciones de los funcionarios fueron un claro esquema de corrupción pública fundado en el clientelismo político e identifica posibles delitos como la conspiración. Recomienda, además, que se añada a los doctores Segundo Rodríguez y Juan Salgado por la comisión de perjurio.
“El informe que publicamos hoy concluye y reitera aspectos que hemos denunciado por años como el del germen del inversionismo político que promueve, como hemos atestiguado en todas las vistas de las pruebas COVID-19, nombramientos de funcionarios sin la preparación o experiencia necesaria simplemente porque pertenecen al partido en el poder y con el único fin de perpetuar la politización del gobierno, adelantar agendas partidistas y personales, así como la devolución de favores económicos a los donantes de campañas”, expresó Márquez Lebrón.
Sobre los hallazgos de posibles violaciones contenidos en el informe de Márquez Lebrón -denominado “Informe de la Delegación del Partido Independentista Puertorriqueño en torno a la Resolución de la Cámara 1741”- el mismo concluye la posible comisión de delito por conspiración en el caso de los testimonios de Adil Rosa Rivera, Mariel Rivera Rivera, Mabel Cabeza y el Dr. Segundo Rodríguez. Recomienda, además, que se añadan a los doctores Segundo Rodríguez y Juan Salgado por cometer perjurio ante la Comisión de Salud y que todos sean referidos a las agencias investigativas pertinentes.
El informe del Portavoz del PIP en la Cámara concluye, además, “la ausencia intencional y negligente en sus funciones del pasado Secretario de Salud, Dr. Rafael Rodríguez y las omisiones y negligencias de la entonces Subsecretaria Dra. Concepción Quiñones de Longo”; la falta en su función ministerial de la Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Iris E. Santos quien no veló por el cumplimiento responsable del proceso de compra o contrataciones de las agencias, no requirió informes ni estableció los controles necesarios y por último, el Administrador de la Administración de Servicios Generales (ASG), Ottmar J. Chávez Piñero, que “incumplió con la Ley de Compras y negligentemente ha ‘arrastrado los pies’ en la aprobación de un reglamento de compras”.
Otro aspecto fundamental del informe de Márquez Lebrón, es la urgente necesidad de una reestructuración y reorganización del Departamento de Salud (DS) y la actualización de la Ley de Epidemias y la Ley Orgánica del DS.
“Con una Ley Orgánica renovada y actualiza y con un DS exento de politización, no sería necesario en caso de emergencia, nombrar a un grupo externo que provoque confusiones sobre a quién le toca cuál responsabilidad al momento de atender una emergencia de manera efectiva”, concluyó Márquez Lebrón.
Agregó que, “más importante aún, es la transformación del actual sistema de Salud mediante la implementación de un plan de salud universal, con pagador único, que elimine a los intermediarios al momento de brindar servicios de salud, que cobije a todas las personas por igual y que nadie quede sin cobertura. Un sistema de salud que trabaje con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, eliminando el lucro; que tenga la visión de la salud, como lo que es, un derecho humano”. A tales efectos Márquez Lebrón emplazó para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 1253, de su autoría, para dichos fines.
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