Novedades legales

18 de marzo de 2020
Programa Nacional de Competencia Minorista 
(Ley de Góndolas)

El 17 de marzo, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 268/2020, el Poder Ejecutivo promulgó la ley N° 27.545 de Creación del Programa Nacional de Competencia Minorista, también conocida como "Ley de Góndolas" (la "Ley"), la cual fuera aprobada en el Senado de la Nación el pasado 28 de febrero de 2020, en el marco de las Sesiones Extraordinarias.

Las disposiciones de la Ley serán de orden público y se integrarán con las leyes N° 24.240 de Defensa del Consumidor, N° 27.442 de Defensa de la Competencia y el Decreto 274/2019 sobre Régimen de Lealtad Comercial. En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley, prevalecerá la más favorable a los sectores más débiles que participan en la cadena de producción, comercialización y consumo de los productos alcanzados.

Principales objetivos:
  • contribuir a la transparencia en los precios y fomentar la competencia respecto de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar;
  • mantener la armonía y el equilibrio entre los sujetos alcanzados por la ley, evitando la realización de prácticas comerciales anticompetitivas que supongan distorsiones en los mercados; y
  • ampliar la oferta de productos artesanales y/o regionales nacionales producidos por las micro, pequeñas y medianas empresas ("MiPyMes") así como también fomentar los productos elaborados por el sector de la agricultura familiar, campesina e indígena (Ley N° 27.118), productos de la economía popular (Decreto 159/2017) y productos elaborados por cooperativas y/o mutuales (Leyes N° 20.337 y 20.321).
Sujetos y productos alcanzados por la Ley

La aplicación de la Ley se encuentra circunscripta al ámbito de los supermercados totales, supermercados, supertiendas, autoservicios de productos alimenticios, autoservicios de productos no alimenticios, cadenas de negocios minoristas, organizaciones mayoristas de abastecimientos, tipificadores-empacadores de productos perecederos y centros de compras (conforme éstos se definen en la Ley N° 18.425), excluyendo a aquellos agentes económicos cuya facturación sea equivalente a la de una MiPy Me[1] (los "Establecimientos") (Artículo 3°).

Respecto de los productos alcanzados, el Artículo 4° de la Ley indica que se aplica exclusivamente a los alimentos, bebidas, productos de higiene personal y artículos de limpieza del hogar que sean comercializados en los Establecimientos.

La autoridad de aplicación elaborará, dentro de los 90 días contados desde la promulgación de la Ley (esto es, en junio de 2020), un listado de las distintas categorías de productos alcanzados por la misma y arbitrará los medios para su publicidad.

Reglas de exhibición en góndolas y espacios virtuales (por ejemplo, sitios web propios, espacios de e-commerce y aplicaciones móviles)
  • La exhibición de productos de un mismo proveedor o grupo empresario, no podrá superar el 30% del espacio disponible para productos de similares características. La participación en góndolas deberá involucrar a no menos de cinco proveedores o grupos empresarios.
  • Deberá garantizarse, para productos de similares características y diferente marca, un 25% del espacio disponible para la exhibición de productos producidos por MiPyMes y/o producidos por cooperativas y/o asociaciones mutuales; y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina o indígena, y los sectores de la economía popular.
  • En góndolas los productos de menor precio deberán encontrarse a una altura equidistante entre el primer y último estante. En locaciones virtuales, deberá garantizarse que los productos de menor precio se publiquen en la primera visualización de productos de la categoría en cuestión.
  • En las islas de exhibición y exhibidores contiguos a las cajas se deberán presentar en un 50% del espacio, productos elaborados por MiPyMes y/o los producidos por cooperativas y/o asociaciones mutuales.
  • La exhibición de productos importados no podrá superar el porcentaje que determine la autoridad de aplicación del espacio disponible para cada categoría de productos.
La Ley sostiene que en caso de que no se lleguen a cumplir las reglas de exhibición de los productos en determinadas categorías, generándose la imposibilidad de cumplimiento temporal por falta de competencia, los Establecimientos deberán informar a la autoridad de aplicación las razones fundadas para dicho incumplimiento y el plazo esperado para ajustarse a la norma (que no podrá superar los 30 días, prorrogables por única vez por igual plazo).

Sólo podrá eximirse del cumplimiento de los topes establecidos para la exhibición en góndolas en aquellos casos donde la autoridad de aplicación compruebe la imposibilidad fáctica de ofertar los productos que la ley busca fomentar.

Los Establecimientos tendrán un plazo de 120 días corridos desde la promulgación la Ley (esto es, en julio de 2020) para adecuarse conforme a las disposiciones establecidas (Artículo 16°).

Relación comercial entre los Establecimientos y sus proveedores

A fin de reducir los costos para los proveedores de los Establecimientos y establecer límites a los abusos de posición dominante, en el perfeccionamiento de sus relaciones comerciales, deberán cumplirse las siguientes condiciones (Artículo 8°): 
  • El plazo máximo de pagos a MiPyMes no podrá superar los 60 días corridos. En caso de pagos fuera de término que no se hallen justificados, los proveedores podrán aplicar la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para el cálculo de intereses;
  • los Establecimientos no podrán exigir a sus proveedores aportes o adelantos financieros, ni podrán aplicar retenciones económicas o débitos de manera unilateral;
  • no podrá condicionarse la negociación contractual a la entrega gratuita de mercadería o por debajo del costo de provisión;
  • no podrá imponerse en la negociación de precios las condiciones o variaciones de precios de otros proveedores;
  • se prohíbe exigir a los proveedores costos de distribución inversa o costos de reposición de los productos;
  • los costos por ventas promocionales de productos, o por la generación de residuos o mermas, se establecerán contractualmente y en base a criterios equitativos;
  • todas las obligaciones contractuales se formalizarán por escrito; y
  • se prohíbe el intercambio de información comercial sensible que sea impropia de la relación comercial o que suponga información referida a la relación del proveedor con otros operadores del mercado o información de la competencia.
Adicionalmente, la Ley promueve un esquema específico para las compras y contrataciones de productos regionales (Artículo 9°).

Estímulo a la competencia

Con la finalidad de estimular la competencia en relación con cada categoría de productos alcanzados por la Ley, los Establecimientos estarán obligados a cumplir las siguientes disposiciones:
  1. prohibición de generar una exclusión anticompetitiva de proveedores por el alquiler de espacios en góndolas o locaciones virtuales, o espacios preferenciales en góndolas o locaciones virtuales; y
  2. prohibición de establecer pago de cánones y/o comisiones, que por sus características o magnitud obliguen al proveedor a optar por un solo canal de distribución.
La Ley propone en su Artículo 11° la creación de un "Código de Buenas Prácticas Comerciales de Distribución Mayorista y Minorista" (el "Código de Buenas Prácticas") que será de aplicación obligatoria para todos aquellos Establecimientos que tengan una facturación bruta anual superior a los 300.000.000 de unidades móvil es [2] -que hoy asciende a $ 12.183.000.000 (pesos doce mil ciento ochenta y tres millones)-, considerando para ese cálculo a todo el grupo económico. 

El Código de Buenas Prácticas, que será elaborado por la autoridad de aplicación, deberá: 
  1. detallar aquellas prácticas consideradas abusivas que surjan de la ley bajo análisis y de normativa comercial vigente de lealtad comercial, defensa de la competencia, y defensa de los consumidores;
  2. contemplar la designación de un responsable corporativo de cumplimiento del Código de Buenas Prácticas, cuya designación será notificada a proveedores y a la autoridad de aplicación;
  3. disponer que los contratos prevean un procedimiento alternativo para la resolución de conflictos y se adjunte a los mismos una copia del Código de Buenas Prácticas; y
  4.  prever la remisión periódica a la autoridad de aplicación de la información requerida sobre el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas.
Autoridad de aplicación

La Ley no define qué organismo actuará como autoridad de aplicación, delegando en el Poder Ejecutivo Nacional esta facultad. Sin perjuicio de ello, dado el ámbito material de aplicación la Ley, podría presumirse que la Secretaría de Comercio Interior será el órgano encargado de vigilar por su cumplimiento.

Sanciones

En caso de incumplimiento de las disposiciones la ley, se aplicarán, de forma independiente o conjunta, las sanciones establecidas en el régimen de Lealtad Comer cial [3] , a saber: apercibimiento, multas por un monto equivalente a entre uno (1) y diez millones (10.000.000) de unidades móvile s [4]  -actualmente la suma de $ 406.100.000 (pesos cuatrocientos seis millones cien mil)-, suspensión del registro nacional de proveedores del estado por hasta 5 años, pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de los que gozare el infractor, o clausura del establecimiento por un plazo de hasta 30 días.

Sin perjuicio de ello, también podrán corresponder sanciones conforme el procedimiento de las leyes de Defensa de la Competencia (Ley N° 27.442) y de Defensa del Consumidor (Ley N° 24.240).

Vigencia

Respecto de la entrada en vigencia de la Ley, atento a que el decreto de promulgación no dispone reglas específicas, es de aplicación la regla general prevista en el Código Civil y Comercial de la Nación sobre la vigencia de le yes [1] , por lo que la misma entrará en vigor el próximo 25 de marzo de 2020.



[1] Resolución 563/2019 - Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa
[2]  Unidades Móviles establecidas conforme Ley 27.442, actualizable automáticamente cada UN (1) año utilizando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC), o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro.
[3]  Decreto 274/2019
[4]  Idem nota 2
[5]  ARTICULO 5°. - Vigencia. Las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen.


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Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno posee amplia experiencia respecto a la evaluación y manejo del comportamiento comercial y regularmente proporciona asesoramiento legal sobre ello, a fin de evitar prácticas anticompetitivas. Nuestros especialistas asisten a los clientes en el establecimiento de programas de cumplimiento normativo, así como en la redacción de políticas corporativas, entrenamiento de personal y actividades de monitoreo y control. Contamos con un equipo de profesionales especialmente dedicado a asuntos vinculados con el cumplimiento normativo, que se ocupa de asistir a sus clientes en la evaluación y manejo de auto-denuncias, investigaciones o procedimientos administrativos, civiles y penales ante organismos públicos.

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