Novedades Legales

09 de marzo de 2020
Comentarios a la Resolución MTEySS n° 178/2020
 
El 6 de marzo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictó la Resolución 178/20 por la cual se concede una licencia excepcional a trabajadores del sector público o privado que hubieran ingresado al país desde el exterior, para que permanezcan voluntariamente en sus hogares, de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. La misma no fue aun publicada en el Boletín Oficial de modo que no ha entrado todavía en vigencia.

La licencia indicada es con goce de sueldo, ya que no afecta la percepción de las remuneraciones normales y habituales ni los adicionales legales o convencionales. Por otra parte, no podrá computarse a cuenta de otras licencias previstas normativamente o por convenio (vgr. vacaciones, otras licencias especiales, etc.).
En cuanto a los contenidos de la norma dictada, se presentarían varias cuestiones susceptibles de originar dificultades al momento de su aplicación.

1.      Duración:
En tal sentido, la norma otorga una licencia -técnicamente una suspensión parcial de efectos del contrato laboral-, pero sin plazo o término alguno, lo cual podría en extremo, ser interpretado como una licencia por tiempo indefinido y desnaturalizando así el sentido del instituto que, por definición, es estrictamente temporal. Parecería que en términos de razonabilidad la misma debería no debería exceder el plazo que demandara la satisfacción del fin perseguido (la prevención). De todos modos, la alusión que se hace en la norma a las recomendaciones del Ministerio de Salud en la materia permitiría ayudar a establecer un límite temporal a su respecto

2.      Alcance:
La licencia acordada abarca a trabajadores del sector público y privado, mas no se indica el alcance territorial que tendría la medida. En el punto podría parecer opinable constitucionalmente que la autoridad nacional estableciera una reglamentación de los derechos de los trabajadores para abarcar también a los que se desempeñan en el ámbito de las provincias, y menos aún para alcanzar también a los dependientes de los sectores públicos de cada una de ellas.
Según prescribe la resolución, la misma se otorgaría a trabajadores ingresados al país desde el extranjero, mas sin precisarse país de origen alguno, con lo cual debería considerarse abarcando tanto países limítrofes como cualquier otro del orbe, y aun de aquellos que no hayan presentado casos de pacientes afectados por el COVID 19 o sospechados de estarlo.
Tampoco se fija un espacio o límite temporal al respecto, aunque se hace referencia a dicha acción en tiempo pasado. Ello podría llevar a considerar que la resolución sería de aplicación únicamente a aquellos trabajadores que hubieran ingresado al país con anterioridad a la sanción de la misma. Empero, no parecería ser ésta la finalidad de la norma.  

3.      Voluntariedad:
La licencia es de carácter voluntario a favor de los trabajadores. Ello implica que podría haber dependientes que, pese a haber regresado del exterior, decidieran no acogerse a la licencia y retornar a la prestación de tareas en sus empleos. Claro está que, en tal caso, el empleador -en ejercicio de sus deberes de protección de la integridad sicofísica de dichos trabajadores como del resto de la comunidad laboral- podría derivar a los mismos a una verificación previa de su estado de salud.
Según se prescribe en la norma, la licencia se acuerda para que los dependientes permanezcan en un lugar físico determinado (sus hogares), aspecto que podría llevar a situaciones de conflictividad cuando el trabajador se quedara en un lugar extraño (vgr. de un familiar, un amigo).

4.      Finalidad preventiva. Declaración de la enfermedad:
Dada la finalidad expuesta en los considerandos, la licencia acordada tendría una finalidad estrictamente preventiva, lo cual supondría la inexistencia al momento de que se trate, de la portación de signos visibles o síntomas de la afección. En cambio, en el supuesto de que los síntomas ya se hubieran presentado, parecería que no correspondería allí el otorgamiento de la referida licencia excepcional ya que la situación quedaría regida por lo que la ley laboral establece respecto de las afecciones inculpables (art. 208 y ss., LCT).

5.      Remuneración:
En cuanto al pago de la licencia, se dispone el abono durante su curso de las remuneraciones que fueran normales y habituales, además de los adicionales legales o convencionales. Ello significaría que no deberían ser considerados al efecto los conceptos que no revistieran dicha condición (vgr. pagos extraordinarios por única vez o en determinadas oportunidades específicas, pagos por horas suplementarias que no hubieran reunido esa característica, pagos que no tuvieran naturaleza remuneratoria, etc.).

6.      Comentarios sobre la constitucionalidad de la norma dictada:
Técnicamente, la Resolución citada se evidenciaría de dudosa validez constitucional, ya que parecería transgredir el límite dispuesto por los arts. 14. 75 inc. 12 y 99 inciso 2 de la Constitución Nacional, ya que una resolución administrativa carecería de habilidad para reglamentar materias que son propias de los Códigos de fondo, como lo es la legislación laboral y de la seguridad social.

Con todo, cabe señalar que no se trata de algo novedoso ya que una experiencia similar hubo de registrarse por la misma cartera de Estado en el año 2009 con motivo de la propagación de la Influenza A (H1N1), donde, también a través de una resolución administrativa (471/2009), estableció una licencia para trabajadores en situaciones especiales (embarazadas, inmunocomprometidos, o que padecieran enfermedades oncológicas u otras que provocaran inmunosupresión, o patologías cardíacas, etc.) o para el cuidado de miembros del grupo familiar primario afectados por dicha enfermedad. La misma fue luego objeto de prórroga por resolución posterior de la misma dependencia estatal (Res. 598/2009 MTESS y Decis. Administrativa 48/2009).

Ciertamente, no se trata de un cuestionamiento en torno a la (loable) finalidad perseguida por la medida dictada -la prevención y protección de la salud de los trabajadores dependientes, y consecuencialmente, la salud pública-, sino del particular instrumento normativo escogido para el cumplimiento de dicho propósito, el cual lejos parecería estar de satisfacer las condiciones de adecuación constitucional en la pirámide normativa.
Habida cuenta la urgencia invocada en sus considerandos, hubiera resultado tal vez más apropiado el dictado de una normativa acorde a dichas características por parte del órgano legislativo natural o -en su defecto- transitoriamente por el propio PEN sujeto a ratificación ulterior de aquél.


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