El pasado 1 de setiembre inició la obligación para las sociedades mercantiles de cumplir con el Registro de Accionistas y Beneficiarios Finales, cuyo incumplimiento podría conllevar multas de ¢1,338,000 hasta ¢44,600,000, aparte de otras sanciones no pecuniarias. El plazo para cumplir con dicha obligación depende del calendario establecido en el Ministerio de Hacienda partiendo del número de finalización de la cédula jurídica de cada sociedad.
Tanto las sociedades activas como las inactivas deben cumplir con esta obligación dentro de la plataforma Central Directo del BCCR para lo que es requisito indispensable que los representantes legales cuenten con firma digital. El trámite también puede ser realizado por apoderados que sean previamente acreditados dentro del sistema un Notario Público.
