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Te damos la bienvenida al Newsletter del Centro Regional Sobre Paz y Seguridad de la Friedrich-Ebert-Stiftung
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La negativa alianza de seguridad Estados Unidos - América Latina | Durante setenta años, Estados Unidos ha construido una estrecha relación político-militar con América Latina en el contexto de la Guerra Fría y las décadas posteriores, hoy expresada en el Escudo de las Américas. Augusto Varas advierte que estas políticas desestabilizan las relaciones político-militares e impiden avanzar hacia una zona de paz regional. | | | |
Las élites colombianas y la falta de una economía para la paz | Jenny Pearce y Juan David Velasco comentan ¿Quién manda en Colombia? (Medipluma editorial,Bogotá, 2026). En este libro explican la persistencia de la violencia y las economías ilegales a partir del papel de unas elites heterogéneas que compiten, pero a la vez comparten principios sobre el poder. Menos afectadas por la guerra, no han logrado articular un proyecto nacional que integre los territorios históricamente golpeados por el conflicto armado. | | | |
Reclutamiento criminal en TikTok por grupos delictivos de México | El Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México investiga desde 2024 contenidos que exaltan la cultura criminal y buscan reclutar, incluso a menores, en la red social TikTok. Alejandra Jimena Arias Vázquez resume los hallazgos y sus implicaciones para la política pública. | | | | |
La expansión del Escudo de las Américas, analizado por Augusto Varas entre las firmas invitadas, avanzó en septiembre, durante la Asamblea General de la ONU. La iniciativa de Donald Trump ha pasado de ser una alianza política para convertirse en un instrumento para combatir el narcotráfico y restaurar la preeminencia de Estados Unidos en el hemisferio. Para Juan Gabriel Tokatlián y Mónica Hirst, los anuncios buscan colectivizar posibles acciones militares, incluso al margen de la OEA y la ONU.
La intensificación de las guerras contra las drogas y el terrorismo incluyó la designación de veinte cárteles y grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras, así como ataques contra supuestas «narcolanchas». Ahora, la cooperación va mucho más lejos. Según indicó el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, tropas desplegadas en Europa podrían trasladarse a América Central y del Sur.
Por su parte, el comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, anunció una ampliación de la cooperación militar tras reunirse con los ministros de Defensa de Ecuador y Colombia. Fuerzas estadounidenses ya operan junto con tropas ecuatorianas, mientras Colombia prevé declarar terroristas a todos los grupos armados. Queda por aclarar qué tipos de acción militar cabe esperar y bajo qué mando.
El Escudo de las Américas se complementa con la Coalición contra los Cárteles (ACCC), integrada por 19 países y orientada también a combatir “influencias externas malignas”. La iniciativa puede reforzar tendencias autoritarias y debilitar las instituciones y el Estado de derecho.
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Jorge Heine, Carlos Fortín y Carlos Ominami defienden la vigencia del no alineamiento activo en el último número de Foreign Affairs Latinoamérica. En un contexto en el que las grandes potencias buscan adhesiones automáticas, es una estrategia de adaptación a un mundo marcado por rivalidades estructurales, incertidumbre normativa y creciente instrumentalización de sanciones extraterritoriales con fines geopolíticos.
El Handbook of South America Regionalism, coordinado por José Briceño-Ruiz y Andrea Ribeiro Hoffmann, revisa exhaustivamente los procesos de cooperación e integración regional, así como las iniciativas adoptadas desde los años sesenta, con sus avances y retrocesos. El volumen, que recoge decenas de ensayos, examina las perspectivas de varios países y analiza los vínculos entre regionalismo y globalización, la geopolítica de la integración regional y su lugar en las políticas exteriores.
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La cuestión de la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los estados ha vuelto a resurgir.
Juan Gabriel Tokatlian aborda la cuestión de la soberanía, una cuestión geopolítica clave, en América Latina. Su perspectiva es doble. Desde un lado, la gravitación de la soberanía y su peso, mínimo, en áreas clave de las relaciones internacionales. Por otro lado, su relevancia, indicando que desempeña un lugar sobresaliente de la región en las relaciones internacionales debido a que posee recursos extraordinarios (choke points, biodiversidad y recursos naturales).
Después del final de la Guerra Fría el debate giraba en torno a si era legítimo intervenir en estados que violaban masivamente los derechos humanos. Ahora la cuestión es si, en nombre de combatir el crimen organizado, Estados Unidos y sus aliados se arrogan el derecho a intervenir en terceros países. Junto con la cuestión de la injerencia, el Derecho Internacional es atacado desde diversos flancos.
El consentimiento del Estado receptor permite la intervención militar de un tercero sin vulnerar la prohibición del uso de la fuerza de la Carta de la ONU, pero esto no basta. El orden legal internacional exige determinar si existe un conflicto armado para definir el marco legal y las acciones permitidas. La plataforma digital Just Security ha publicado también un compendio en el que varios autores analizan la legalidad de los ataques militares estadounidenses contra supuestos narcotraficantes y la captura de Nicolás Maduro.
La Corte Penal Internacional (CPI), creada en 1998 como tribunal permanente e independiente de última instancia, juzga a los responsables de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión. Sus recientes investigaciones sobre líderes políticos y militares han provocado duras represalias internacionales. Los actuales y anteriores presidentes de la Asamblea de los Estados Parte reclaman defender la Corte frente a la ley del más fuerte.
Pese a la fragmentación y las rivalidades multilaterales, avanza la negociación de una Convención para la Prevención y el Castigo de los Crímenes de Lesa Humanidad. Sin embargo, la oposición crece, y los Estados y la sociedad civil deberán actuar con eficacia para sostener el proceso.
El Comité Internacional de la Cruz Roja impulsa negociaciones para regular el creciente uso de armas autónomas y abordar sus implicaciones humanitarias, jurídicas y éticas. En este evento, especialistas en derecho internacional, inteligencia artificial y acción humanitaria analizan lo que está en juego. En relación con la firma invitada de este Newsletter, el CICR también analiza aquí las implicaciones jurídicas del reclutamiento de menores mediante herramientas digitales.
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En la presentación del Anuario CIDOB 2026, que está dedicado a la crisis de la democracia, los expertos Michael Ignatieff y Erica Benner abordaron las principales amenazas, internas y externas, que afrontan las democracias contemporáneas, así como las vías para revertir el actual proceso de erosión democrática en todo el mundo. El evento puede verse aquí.
Por su parte, el Informe Latinobarómetro 2026 analiza la situación de la democracia en América Latina a partir de casi 20.000 entrevistas realizadas en 17 países sobre los sistemas políticos, las relaciones internacionales, la migración y la seguridad. El informe cuestiona hasta qué punto la democracia liberal se ha arraigado en la región y pone el énfasis en las tendencias autoritarias de las poblaciones, que “no nacen después de las transiciones, sino que las preceden”.
En este sentido, Anna Ayuso, también de CIDOB, resalta que la ola derechista latinoamericana no es homogénea y también ha analizado el impacto del crimen organizado en los sistemas políticos de la región.
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El encuentro “Economías ilegales, crimen organizado y poder en América Latina”, celebrado en julio en Lima, destacó la rápida expansión y diversificación de las actividades ilícitas y la creciente influencia de las redes criminales sobre territorios e instituciones, en un contexto de debilitamiento democrático, crisis de representación y predominio de intereses particulares.
El informe sobre fentanilo y drogas sintéticas en EE. UU., Canadá y México muestra que, en los últimos 30 años, las incautaciones se han extendido geográficamente de manera desigual según la sustancia. El modelo de franquicias del Cártel de Jalisco Nueva Generación reduce el impacto del desmantelamiento de laboratorios, mientras los grupos criminales se expanden mediante el reclutamiento forzoso de jóvenes. A su vez, la prioridad otorgada a las incautaciones en México relega la necesidad de tratar las adicciones.
FES Colombia continúa su serie sobre ideas audaces frente al crimen organizado. La militarización del combate al transporte marítimo de drogas ilícitas y de sus rutas afecta a las comunidades pesqueras del Pacífico. María Alejandra Vélez, de la Universidad de los Andes y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, analiza ese impacto y propone una agenda de investigación conjunta entre México, Colombia, Costa Rica y Ecuador. En este episodio, explica por qué militarizar el mar no protege a los que viven de él.
En Bolivia, el cultivo de coca alcanzó niveles récord por tercer año consecutivo, impulsado aparentemente por la demanda internacional de cocaína y no por los mercados legales del país.
Las ONGs CELS, DeJusticia, CEA Justicia Social, Mujeres Libres, Elementa DDHH, RIMUF e IDPC han publicado un estudio titulado Castigo Extra, sobre la violencia hacia las mujeres en la lucha contra el crimen organizado. Estas organizaciones, que integran el Grupo de Trabajo Mujeres y Encarcelamiento, han investigado la situación de mujeres que están en contacto con los sistemas penitenciarios por delitos relacionados con el crimen organizado en Argentina, Colombia y México. El trabajo analiza las consecuencias que tienen las políticas de persecución al crimen organizado para quienes están o estuvieron privadas de la libertad y para sus familiares.
El informe Entre rejas y violencias analiza las experiencias de las personas privadas de libertad, especialmente las trayectorias de las mujeres, en Colombia. Concluye que ampliar la capacidad penitenciaria no resuelve necesariamente las causas estructurales del encarcelamiento.
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Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, presidente de Brasil, ganó las elecciones a Flávio Bolsonaro al lograr, contra todo pronóstico, una remontada en la segunda vuelta y casi cinco millones de votos más que el senador. Se trata del primer mandatario que vence en Brasil tras perder la primera vuelta. El resultado es un importante revés para EE. UU. y su aproximación a la región, y agiganta la leyenda de Lula quien, sin embargo, gobernará un país muy dividido.
La campaña electoral estuvo marcada por las presiones políticas, diplomáticas y comerciales de Washington. Un grupo de congresistas y otro de senadores reclamaron el fin de esas interferencias. La Washington Office on Latin America (WOLA) analizó la convergencia de presión comercial e intervención política y las razones de la aproximación de Brasil con China, especialmente en torno a las tierras raras.
Analistas vinculados al centro de estudios estadounidense Brookings Institution opinan sobre el futuro de Brasil a partir de los resultados electorales, incluidas las posibles decisiones internacionales del nuevo gobierno y su papel en el Sur Global y los BRICS.
El resultado electoral influirá en la transición climática y en la protección de la Amazonia. Según Chatham House, una presidencia de Bolsonaro apoyada por el Congreso podría debilitar considerablemente las protecciones medioambientales, aunque su margen de acción dependería de los intereses comerciales, de inversión y del sector privado.
El Centre for Economic and Policy Research señala que Brasil creció un 9,2% entre 2022 y 2025, muy por delante de sus vecinos. Las medidas sociales incluyeron subidas del salario mínimo, ampliación de la baja laboral e igualdad salarial para las mujeres, mientras que la Bolsa Familia, destinada a los hogares con menores ingresos, aumentó casi un 70%.
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El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, inició su mandato reafirmando sus compromisos de la campaña electoral sobre seguridad. Todo grupo armado será calificado como terrorista según el proyecto de nuevo Estatuto, mientras el proyecto de ley de sometimiento reduce los incentivos para quienes abandonen las armas. Además, se aplican restricciones presupuestarias y operativas a las agencias que implementan el Acuerdo de paz de 2016 con las FARC.
En zonas de conflicto y crisis humanitaria, la nueva política de seguridad, el terremoto del 10 de agosto y la reducción de la cooperación internacional están obligando a las comunidades a replantearse sus estrategias de seguridad y autoprotección.
El panorama de la violencia es complejo y fragmentado: la mitad de los municipios tiene presencia de grupos armados y nueve actores controlan territorios. Estas organizaciones híbridas combinan rentas ilícitas, funciones estatales, gobernanza local y control de la población. Mientras el crimen converge, el Estado sufre cinco fragmentaciones: estratégica, horizontal, vertical, geográfica y supranacional.
Un informe de la ONG Indepaz indica que “la principal transformación de la violencia en Colombia no consiste en el crecimiento o la disminución del número de combatientes, sino en el tránsito desde organizaciones insurgentes y contrainsurgentes de alcance nacional hacia regímenes regionales de poder violento, integrados a complejos macro criminales que combinan legalidad e ilegalidad, coerción y captura institucional, acumulación económica y control político”.
Por otra parte, el International Crisis Group advierte del riesgo de un enfoque exclusivamente militarizado y recomienda reforzar las capacidades militares junto con negociaciones eficaces. En este vídeo muestra cómo los drones están transformando el conflicto.
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Un número especial de Latin American Perspectives, dedicado a Colombia diez años después del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan M. Santos y las FARC, aborda su implementación y sus transiciones, las dinámicas rurales y urbanas del conflicto y los cambios en sus patrones. Concluye con lecciones para la construcción de paz y los estudios sobre conflictos, entre ellas la necesidad de dar continuidad a estas políticas a largo plazo en las democracias electorales.
En el mismo número, Sabine Kurtenbach y Angelika Rettberg cuestionan la narrativa de que las drogas ilícitas explican la violencia de posguerra. Sostienen que sus patrones y niveles dependen más de la interacción entre las economías de guerra, las capacidades políticas y económicas del Estado y el control territorial: la violencia aumenta cuando esa relación es débil y disminuye cuando es fuerte.
NACLA Report también conmemora este décimo aniversario con un número especial sobre la construcción de paz desde abajo, con voces de la diversidad geográfica y las múltiples identidades del país. Incluye reflexiones sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la búsqueda de desaparecidos y la ofensiva legislativa y presupuestaria del nuevo gobierno contra la paz.
El Acuerdo ha permanecido en el centro de la lucha política durante estos diez años, y su implementación presenta claroscuros. Aunque persisten la violencia y las dificultades, se han producido transformaciones menos visibles: según la ONU, más de 11.000 personas que dejaron las armas siguen vinculadas a su proceso de reincorporación.
Y un proyecto del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y la Universidad de los Andes examina los retos y el papel de los excombatientes de las FARC y firmantes del Acuerdo. Para la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el acompañamiento institucional a quienes dejan las armas es una capacidad que Colombia no puede perder.
El libro colectivo Cruzando fronteras en búsqueda de la verdad. El trabajo de la Comisión de la Verdad de Colombia con el exilio (Universidad Externado, Bogotá, 2026) reflexiona sobre la experiencia pionera de la Comisión de la Verdad con población exiliada, desarrollada por más de veinte equipos fuera del país. Aporta lecciones para la justicia transicional y herramientas para incluir a las personas exiliadas en otros procesos de construcción de paz.
El jurista Rodrigo Uprimny y el general (Retirado) Oscar Naranjo escriben un sugerente análisis sobre la seguridad en Colombia, desarrollando una serie de escenarios, entre lo catastrófico y lo “deseable” basado en “políticas para superar problemas estructurales” en el libro Colombia 2050. 65 voces para construir hoy el país del futuro (Penguin-Random House, Bogotá, 2026), coordinado por Fernando Carrillo y Andrée Viana. La obra está constituida por una selección de ensayos sobre las grandes cuestiones presentes en política, economía, comercio, clima, diversidad, libertad de expresión, democracia y tecnología, entre otras, y las soluciones posibles para las décadas venideras.
El proceso de paz de 2016 sigue siendo relevante para otros países. Humanas Colombia y la Alianza 5 Claves relatan en este podcast su viaje a Nigeria para compartir experiencias y recomendaciones sobre la incorporación de la sociedad civil, especialmente de las organizaciones de mujeres, en la construcción de paz.
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La administración Trump anunció, a finales de agosto, un acuerdo con Caracas que otorgaría a EE. UU. una participación importante en la industria petrolera venezolana. Se trata de una muestra más del control directo de Washington sobre elementos clave de la economía venezolana y de su desmesurada influencia en el gobierno de Delcy Rodríguez. Su impacto sobre el futuro político del país es para muchos analistas alarmante.
En este podcast, abordan la cuestión Adam Isacson y Francisco Monaldi, del Baker Institute for Public Policy en la Universidad de Rice.
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El Consejo Electoral Provisional de Haití volvió a posponer indefinidamente las elecciones presidenciales y legislativas. La violencia de las pandillas, que controlan gran parte de Puerto Príncipe, dificulta los preparativos y ha dejado municipios sin centros de registro. Insight Crime analiza en este dossier las principales características del crimen organizado y del sistema político. Así mismo, el think-tank británico Chatham House acaba de publicar un informe subrayando que la prioridad es celebrar elecciones en un clima de seguridad. Confirmando el clima violento y la fragmentación de la violencia, CNN ha difundido un video sobre las acciones en Haití de la empresa de mercenarios liderada por Erik Prince, ex presidente del grupo privado de seguridad Blackwater.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó de que al menos 5.700 personas murieron o resultaron heridas en Haití entre el 1 de enero y el 11 de septiembre de 2026 por la acción de pandillas o en operaciones contra ellas. En ese período, las bandas secuestraron a más de 230 personas y violaron a más de mil mujeres y niñas; los grupos de autodefensa causaron unos 280 muertos o heridos.
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Los procesos de justicia transicional, como el que ahora corre el peligro de ser anulado o debilitado en Colombia, no existían o no se denominaban así cuando acabaron las dictaduras militares en el cono sur latinoamericano hace cuatro décadas. Los perpetradores de violaciones de derechos humanos en las dictaduras de Brasil y Uruguay pudieron evitar juicios como en Argentina y Chile, y muchos de sus crímenes quedaron impunes.
Lawrence Weschler, entonces periodista de la revista The New Yorker, fue en 1990 el autor de Un milagro, un universo. Ajustando cuentas con los torturadores. En ese libro se ocupó de revisar testimonios, casos y procesos que la justicia dejó de lado, con especial atención al trabajo clandestino y paciente de decenas de activistas de derechos humanos que juntaron, escondieron, guardaron y en su momento hicieron públicos los testimonios sobre violaciones de derechos humanos.
El libro, republicado ahora en España, cuenta con nuevos capítulos sobre la evolución política en Brasil, Argentina y Uruguay, y reflexiones sobre el autoritarismo que proyecta la Administración Trump.
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| El anuario Negociaciones de paz 2025. Análisis de tendencias y escenarios, de la Escuela de Cultura de Paz de Barcelona, identificó 53 procesos y negociaciones de paz en el mundo durante el año pasado, la cifra más alta desde 2017. El informe detalla los procesos, su estructura, sus agendas de negociación y las terceras partes involucradas. Sin embargo, el aumento del número de procesos no se ha traducido en menores niveles de violencia y conflictividad armada global, sino que coincide con un incremento de los conflictos armados y las tensiones. |
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Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, presenta en un artículo de opinión en El País los principales dilemas y opciones de la inteligencia artificial en América Latina.
En abril pasado, el Ejército de Estados Unidos ordenó la creación del Comando de Guerra Autónoma del Comando Sur (SAWC, por sus siglas en inglés). Esta será una fuerza de guerra autónoma basada en la inteligencia artificial que apoyará las tareas de la organización en América Latina y el Caribe, para desarticular redes narcoterroristas y colaborar en crisis naturales, entre otros objetivos.
Ante el desarrollo de la introducción de robotización e IA en los armamentos Júlia Marcon, de la Brazilian Action for Humanitarian Disarmament escribe en favor de que “un acuerdo regional sobre las armas autónomas podría establecer normas de seguridad comunes, reforzar la cooperación entre los Estados, prevenir la proliferación de estas tecnologías y reducir el riesgo de un desarrollo descontrolado, que podría poner en peligro la vida de millones de personas”.
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Boletín del Centro Regional sobre Paz y Seguridad
Editado por Mariano Aguirre Ernst y Mabel González Bustelo
Más información: Catalina.Nino@fes.de
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